El Ministerio de Hacienda forzará a los ayuntamientos y comunidades autónomas a pagar a todos sus proveedores en un plazo medio de 30 días. Si se saltan ese plazo, Hacienda les impondrá medidas «correctivas», que articulará a través de un plan de tesorería. Y si este sigue sin funcionar y ni siquiera logra bajar el plazo medio de pago al doble de lo establecido (en total, 60 días), el Gobierno central los intervendrá e impondrá actuaciones «coercitivas».
Según explicaron ayer fuentes del Ministerio, en esos casos (y tras un periodo de medidas correctoras previas) los ayuntamientos perderán el control sobre las facturas que adeudan a sus proveedores ya que estos podrán ir directamente al Ministerio de Hacienda a cobrarlas. La jugada no saldrá gratis a esos ayuntamientos, que verán cómo el Ministerio les detrae automáticamente ese dinero de las transferencias ordinarias.
En cuanto a las comunidades, en el caso de que no logren pagar a menos de 60 días a sus proveedores, Hacienda se quedará con la competencia sobre los tributos cedidos. También se establece un periodo (en este caso, de hasta siete meses), de medidas correctoras. Si no funcionan, será el Gobierno central el que decida qué impuestos sube (principalmente el céntimo de la gasolina o el tramo autonómico del IRPF)para pagar con ese dinero la deuda con los proveedores.
La nueva ley es bastante clara respecto a la pérdida de control sobre todos los impuestos autonómicos. «Las competencias normativas que se atribuyen a las comunidades en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado directamente», advierte. Como medida intermedia, antes de la intervención completa, Hacienda forzará a esa comunidad a sumarse al fondo de liquidez en los casos que –como Aragón– habían rechazado hacerlo voluntariamente.
Confían en no tener que aplicarlo
Desde el Ministerio de Hacienda quisieron relativizar estas medidas y aseguraron que, aunque ya están validadas por el Consejo de Ministros y estarán completamente aprobadas a final de año, el objetivo es que no se tenga que llegar a ninguna de esas situaciones.
Según indicaron, creen que la simple aprobación de estos mecanismos hará que los ayuntamientos y comunidades reduzcan notablemente sus plazos de pago a proveedores.
De momento, Hacienda ya tenía mecanismos para intervenir a las administraciones, pero –hasta ahora– estaban diseñados exclusivamente para ponerse en marcha en caso de que se incumpliese el déficit o se llegase a una situación de impago con la deuda bancaria. «Con esta medida, que garantiza el pago de la deuda comercial, cerramos el círculo», expresaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda en relación a su lucha para conseguir que todas las administraciones paguen en tiempo a sus proveedores.
«Que se pague lo que se debe»
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron que no hay ningún ánimo de asaltar competencias, sino que todas estas nuevas leyes buscan «que se pague lo que se debe».
Según resumió el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, «el incumplimiento del plazo medio de pago sería el desencadenante de un sistema automático y progresivo de medidas de control» que asumiría Hacienda sobre los ayuntamientos y las Comunidades.
El Gobierno central está intentando poner en orden las cuentas de las comunidades y ayuntamientos antes de que entre en vigor esta normativa. Hacienda confía en que, con el nuevo plan de proveedores, esas administraciones cumplan y apenas tengan facturas sin pagar cuando llegue 2014.
Noticia procedente de Heraldo.es
