El Consejo de Gobierno aprobó ayer el borrador de la Ley del Suelo de Canarias, que busca «simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica» a las decisiones sobre el territorio. Así lo explicó el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que aclaró que el texto articulado nace para derogar tres leyes, pero matizó que no cambia la filosofía de las directrices de ordenación.
Clavijo remarcó que el objetivo último pasa por «proteger el paisaje y las condiciones generales que tienen las Islas, permitir que se desarrolle la actividad económica en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique más territorio». Asimismo, puso de relieve la «maraña normativa» que existe en la actualidad sobre este asunto con la existencia de tres leyes, «multitud» de planes de ordenación, «fronteras confusas» entre las administraciones insular y municipales y sucesivas adaptaciones de los textos.
Según dijo, esta situación tiene como consecuencia que hay una rigidez en el planteamiento con procedimientos «interminables» que pueden durar hasta 12 años de media, que produce tensiones entre las administraciones y que supone una carga injustificada sobre empresas y ciudadanos.
También expuso que, ante todo esto, se han dado casos en los últimos años de «vías de escape», que no «soluciones», como la suspensión del planeamiento aplicando el artículo 47 de la Ley del Territorio, recordando casos como el de la ampliación del Aeropuerto de Gando (Gran Canaria), el Plan de Modernización Turística (2009 y 2013) o el recorte de plazos en la tramitación con la Ley de Inversiones Estratégicas de 2015.
El presidente hizo especial hincapié en que la nueva ley no toca los espacios naturales protegidos y promueve la contención en el consumo de suelo rústico. Además, comentó que se mantiene el principio de permitir el desarrollo de suelo urbanizable solo contiguo al urbano, así como la práctica prohibición de clasificar nuevos suelos turísticos.
Los principios de la reforma atienden al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones: movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje y lucha contra el cambio climático.
Desde este principio «irrenunciable», Clavijo señaló que la nueva ley se propone simplificar, racionalizar y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio, con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos. En este sentido, recordó que la nueva norma quiere aglutinar todas las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización del suelo, por lo que viene a sustituir a otras tres leyes. Así, se propone sustituir el Texto Refundido de la Ley del Territorio del año 2000, las Directrices de Ordenación (2003) y la Ley de Armonización y Simplificación (2014).
El nuevo texto excluye modificar la normativa vigente sobre turismo, patrimonio histórico, comercio, actividades, clasificadas, vivienda, etc., sin perjuicio de algunos ajustes vía disposiciones adicionales. Mientras, el borrador mantiene las categorías actuales desde la perspectiva de ordenación del suelo (rústico, urbanizable y urbano), pero introduce una novedad al considerar que «todo suelo no urbano o no urbanizable será suelo rústico», invirtiendo el criterio fijado por la Ley estatal 6/1998, que liberalizaba suelo.
Desde la perspectiva del borrador, solo se admitirá el nuevo suelo urbanizable preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado desde el punto de vista del interés público.
Otra de las novedades que plantea el borrador consiste en la revisión de los procedimientos en función de las competencias atribuidas a cada administración en materia territorial y urbanística.
De esta manera, las herramientas de planeamiento (planes insulares o planes generales de ordenación de cada municipio) serán aprobadas por las administraciones competentes, mientras que las afectadas intervendrán en proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia. De esta forma, se delega más en los cabildos insulares y en ayuntamientos y se resta competencias a organismos como la Cotmac.
El PSOE y el resto de partidos, a la espera de analizar el texto
El socio de gobierno de CC solo conoce el borrador de la nueva Ley del Suelo por lo que le han esbozado los nacionalistas. El portavoz del PSOE en el Parlamento, Iñaki Lavandera, indicó ayer a EL DÍA que prefieren esperar a analizar con detalle el documento y sus posibles consecuencias, si bien le suena bien la música que le ha adelantado CC y recalca que el principal objetivo pasa por simplificar la «maraña administrativa» actual con la eliminación de esas tres leyes, pero, en ningún caso, permitir que aumente el suelo urbanizable. Aunque la postura del PP también deberá concretarse en estos días, todo lo que significa eliminación de trabas y simplificación contará con el apoyo de los conservadores, si bien pueden darse diferencias respecto al crecimiento. Podemos y NC ya han advertido de las consecuencias de diluir los controle s y ASG se moverá en una posición ambivalente.
Noticia procedente de El Dia.es
