Jubilarse a los 65 con 35 años cotizados y hacerlo con plenitud de derechos está a punto de pasar a la historia. El 1 de enero arranca el grueso de los cambios que incorpora la reforma de las pensiones aprobada en 2011 por el último Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que establece como principal medida la paulatina elevación de la edad oficial de retiro: durante todo 2013 será de 65 años y un mes. Además, para cobrar el 100% de la prestación que corresponda será necesario haber estado en activo al menos durante 35 años y 89 días. Ahora bien, quien haya abonado sus cuotas durante ese periodo ampliado en el momento de cumplir los 65 podrá acabar su vida laboral con la pensión completa.

Junto al retraso de la edad para retirarse, la exigencia de más tiempo cotizado es otra de las grandes novedades de la polémica reforma, una regulación inevitable impulsada para paliar los efectos en el sistema de los cambios demográficos que se avecinan -un progresivo envejecimiento de la población- y que contó en su día con el apoyo de los sindicatos CC OO y UGT. Las modificaciones más destacadas de la nueva normativa entrarán en vigor el 1 de enero, de manera gradual, para culminar en 2027, cuando la edad legal de jubilación, tras un aumento paulatino, será de 67 años. En esa fecha, para acceder a una prestación sin coeficientes reductores será necesario haber pagado las cuotas correspondientes durante 37 años, dos más que ahora. No obstante, los trabajadores que para entonces hayan contribuido al sistema durante 38,5 años podrán seguir jubilándose a los 65.
Esos plazos están ya siendo cuestionados por los expertos, por demasiado dilatados, incluso antes de comenzar a aplicarse. Se trata de un factor que el Gobierno conoce bien. Bruselas le pidió hace unos meses, cuando accedió a retrasar en un año el plazo para que España cumpla con la exigencia de un déficit público del 3%, que acortara los periodos transitorios para aplicar la nueva regulación del sistema de pensiones, ante el déficit galopante que afronta: 995 millones de euros en 2011 y unos 7.000 millones el presente año por el empeoramiento del empleo como consecuencia de la crisis, lo que se traduce en menores ingresos por cotizaciones. Un desajuste que ha forzado al Ejecutivo a utilizar en este ejercicio en tres ocasiones las reservas de la Seguridad Social, por un importe total superior a los 10.000 millones, para poder abonar las pensiones.
El Gobierno ha enviado ya una propuesta a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para consensuar un endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada y a la parcial por contrato de relevo. Los partidos de la oposición no parecen, en principio, dispuestos a sumarse a un acuerdo de ese tipo. Por tanto, si el Gabinete de Mariano Rajoy opta por acelerar los plazos previstos para la plena aplicación de la reforma, es probable que se incline por la vía del decreto.
Período de cómputo
Hay otro cambio de relevancia que comienza a aplicarse en 2013 y que tendrá consecuencias para los nuevos pensionistas. Es el periodo de cómputo utilizado para el cálculo de la cuantía de la prestación. Hasta ahora se tomaban los 15 últimos años, pero en 2013 serán 16 años, para llegar de forma paulatina a los 25 en 2022. Esta medida beneficiará a unos pocos -los que tengan carreras laborales truncadas en la etapa final de su vida laboral-, pero en la mayoría de los casos reducirá la cuantía de la pensión resultante en casi un 2% por cada año que se amplíe el tiempo de cálculo. También en este caso se desconoce si puede haber un recorte de los diez años que tardará en aplicarse en su totalidad la medida, a un ritmo de un año más de cómputo por cada ejercicio que transcurra.
La consecuencia de estos tres grandes cambios son muy claras: ralentización del crecimiento del número de pensiones, al desacelerarse o reducirse las nuevas altas, y frenazo en el incremento de su importe. Se trata de variables que han aumentado a un fuerte ritmo en los últimos años. En el caso del número de prestaciones, por motivos demográficos y por las supuestas facilidades el sistema para jubilarse antes de los 65 años; y en el de las cuantías, por el cálculo de las mismas con salarios más elevados.
La cifra total de pensiones ha acumulado ascensos anuales de entre el 0,8% y el 2,4% en una década. Su importe medio lo ha hecho entre el 3,2% y el 6,8% cada ejercicio.
El Gobierno quiere actuar con rapidez sobre una de las causas del rápido crecimiento del número de jubilados, al endurecer las condiciones para los retiros anticipado y parcial por medio de contratos de relevo. Con toda probabilidad habrá mayores descuentos en la prestación para quienes abandonen la actividad laboral antes de cumplir los 65 años -en la actualidad oscilan entre el 6,5% y el 7,5%- , se retrasará la edad a la que pueden acogerse los trabajadores a esta fórmula y se implantarán, de forma paralela, requisitos más exigentes para acceder a la jubilación parcial por contrato de relevo.
Y si nada se tuerce, el 1 de enero se abre el plazo de un año para dotar a los trabajadores autónomos de un sistema de jubilación parcial a los 62 años cuando cesen o traspasen su negocio a otra persona, a la que deben formar. En función de los resultados del primer año de aplicación del cese de actividad para este colectivo, se efectuarán los estudios pertinentes para que quienes se encuentren en dicha situación puedan acceder a la jubilación anticipada a los 61 años.