dinero11Las cifras que maneja la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en una época de crisis como la actual, son abrumadoras. La deuda de las administraciones públicas canarias con estos profesionales ascendía hasta el pasado mes de febrero a 179 millones de euros, el 3,7% del total estatal, que por esas fechas era de 4.811 millones.

Y todo ello pese a que ya en 2012 el Gobierno estatal insufló algo de oxígeno a las mermadas arcas autonómicas, insulares y locales con un primer plan dotado con unos 31.000 millones de euros. De esa dotación, que sirvió para hacer frente a los impagos del año anterior, queda el buen recuerdo, y poco más.

Es necesario precisar, no obstante, que pese lo elevado de la deuda, esta se ha reducido entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 en 699 millones. La razón, según ATA, la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico y las reducciones de gasto llevadas a cabo por el conjunto de las administraciones.

Con todo, no es de extrañar por tanto que los autonómos de las Islas -también las pymes- celebren el anuncio del Ministerio de Hacienda de poner en marcha un nuevo plan de pago a proveedores.

Aunque con los reparos lógicos de quien desconoce las cifras -el Ministerio aún no ha hablado de cantidades-, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA-Canarias), Juan Carlos Arricivita, “espera” que esta iniciativa, avanzada por el ministro Cristóbal Montoro, sea la última necesaria para que las administraciones públicas españolas se pongan al día “de por vida”. “Un plan de punto y final, de acabar con la morosidad”, enfatiza.

Esta nueva estrategia, que a diferencia de la anterior viene ligada a la obligación de las administraciones de pagar a las empresas en un plazo máximo de 30 días -la de 2012 lo limitaba a 48-, se antoja como un balón de oxígeno, tanto para las maltrechas arcas institucionales como para las resentidas reservas de las empresas que para ellas trabajan.

“Lo que no puede ser es que cada año haya que sacar un plan porque las administraciones no cumplan”, indica el presidente de ATA-Canarias, quien incide en la “necesidad” de que, “de una vez por todas”, se empiecen a cumplir la leyes de morosidad europeas y españolas.

“Y si no se cumple, que se apruebe la otra propuesta del Gobierno central: que el empresario pueda denunciar el incumplimiento del impago, reclamarlo a Hacienda y que esta se lo descuente a la administración pertinente automáticamente”, subraya. “Es inconcebible que la Ley de Morosidad continúe sin un régimen sancionador”, ha reiterado hace pocas fechas el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor.

Y es que Arricivita remarca que frente a los 30 días que marca la ley para el pago a proveedores por parte de las administraciones, la media española se sitúa en 148. Y no varía mucho el dato en las Islas. Según ATA, la media de pago en Canarias es de 136 días. La del sector privado, en el ámbito estatal, baja hasta los 95, frente a los 60 días que fija la ley.

Estos datos de ATA sitúan a Canarias como la séptima comunidad del Estado que más tarde paga a sus proveedores. Esa lista la lidera Cataluña con 153 y la cierra el País Vasco con 43. Ninguna comunidad, en cualquier caso, cumple con los plazos que marca la norma.

Frente a las cifras de ATA, el Gobierno de Canarias defiende que cumple los plazos de pago a sus acreedores, aunque en su afirmación puedan existir ciertos matices. Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda remarcan que después del cambio de la normativa estatal, tras la que los días se empiezan a contar una vez se dé la conformidad a la factura, el Ejecutivo paga con un plazo medio de 32 días. Sobra decir que los empresarios no están del todo de acuerdo con esta afirmación.

Y si favorable a la medida anunciada por Montoro es la opinión de los autónomos, también lo es la de la Cámara de Comercio tinerfeña. Su director general, Vicente Dorta, reconoce que es positiva, porque la relación entre el sector privado y el público “sigue siendo un problema”.

Dorta confía en que se cumplan los plazos de 30 días que, según ha dicho el ministro Cristóbal Montoro, va a incluir el nuevo plan, porque los retrasos son un elemento “muy negativo” para cualquier empresa que trabaje con las administraciones.

Noticia procedente de El Dia.es