dinMientras sigue viva la polémica azuzada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sobre si un estudiante que tenga menos de 6,5 debe recibir una beca o no, el presidente de los empresarios, Juan Rosell, ha decidido abrir otro debate, esta vez referido al cobro del paro. En opinión del líder de la CEOE, una persona que haya sido despedida y le haya correspondido una indemnización superior, por ejemplo, a 80.000 o 100.000 euros no debería tener derecho a percibir prestación por desempleo. O, al menos, precisó, que tengan retención fiscal, que ahora no pagan si la compensación no supera el límite legal.
Durante la presentación de su libro ‘Reformas o declive’, Rosell señaló, en una «reflexión personal», que «las bonificaciones en el IRPF -que cuantificó en 300 millones de euros al año- deberían desaparecer y que quien ha recibido una indemnización importante no debería percibir el subsidio de paro». «No se pueden tener dos ingresos por un mismo hecho», precisó.
No es este el único ajuste que desde la patronal se planteó ayer. El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, compareció en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que debate la reforma de las pensiones, y abogó por adelantar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años -prevista para 2027- y aumentar los años cotizados que se utilizan para calcular la pensión.
La patronal defiende que el importe de la prestación se calcule sobre toda la vida laboral. Esta fórmula supondría, salvo excepciones, una fuerte rebaja de la misma porque en los primeros años de la vida laboral se suelen tener los sueldos más bajos y se cotiza menos. En concreto, la ampliación de 15 a 25 años -que entró en vigor en enero de este año- supone una rebaja de la pensión media del 3,5%.
Actuar sobre el gasto
Lacasa insistió en que la crisis ha impactado de forma «muy preocupante en las cuentas de la Seguridad Social» y que hay una necesidad «imperiosa» de actuar fundamentalmente en el lado del «gasto en su conjunto» y no sólo el de las pensiones.
Sin embargo, para el portavoz de ICV en laComisión del Pacto de Toledo, Joan Coscubiela, «la sostenibilidad del sistema se puede conseguir mejorando los ingresos», algo sobre lo que no concreta el informe del comité de expertos nombrado por el Gobierno. La portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, se mostró partidaria de dejar actuar las reformas introducidas en la ley 27/2011.
En la comisión intervino también el único experto que votó en contra del informe, el catedrático Santos Ruesga, quien no ve «urgencia en poner en marcha el factor de sostenibilidad». Se mostró partidario de usar el Fondo de Reserva para cubrir eldéficit y destacó que España ha sido el país que «más ajuste ha cargado sobre las pensiones».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, pidieron ante la comisión que en la reforma se incluya una revisión en profundidad del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Su propuesta se basa en una reducción de las bases mínimas de cotización de este colectivo y tramos más proporcionales a los ingresos.
Por otro lado, ayer se supo que la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó el pasado 1 de junio 7.756.346 millones de euros, un 5,0% más que en el mismo mes de 2012. La prestación media de jubilación alcanzó los 979,36 euros, un 3,5% más respecto al mismo periodo del pasado año. En la comunidad autónoma vasca fue de 1.057,45 euros, con un crecimiento del 3,2%.

Noticia procedente de elcorreo.com