El pasado 29 de noviembre el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un real decreto por el que permitía a la banca española computar como capital de máxima calidad hasta 30.000 millones de euros, al dejarles convertir más de la mitad de sus activos fiscales diferidos (los llamados DTA) en créditos fiscales avalados por el Estado.
En otras palabras, con este paso el Gobierno lograba suavizar el impacto de Basilea III y los efectos que supone no poder computar como recursos propios estos activos fiscales diferidos. Algo así como una artimaña fiscal, una ventaja que otorgaba el Ejecutivo para que esos activos sí computen como capital, eso sí gracias a un aval del Estado tras su transformación en crédito.
Pues bien, finalmente los bancos han conseguido preservar hasta 40.478 millones, un 35% más de los 30.000 millones inicialmente previstos, según cálculos que recoge este jueves El País. Muchos analistas consideran que esta medida resulta clave para determinar si la banca española aprobará o suspenderá las pruebas de estrés europeas a las que se someterá este próximo otoño.
Bajo las normas internacionales de Basilea III (un conjunto de normas para fortalecer el sector), los DTAs empezaron a restar gradualmente de la base de capital desde enero de 2014, lo que penaliza la solvencia de los bancos españoles, rescatados algunos de ellos con fondos europeos.
¿Pero cómo funcionan exactamente los DTA’s? Pues generan un crédito fiscal a las entidades porque son gastos que han tenido un impacto en las cuentas de los bancos y que no se han podido deducir y generan un derecho a futuro contra la Hacienda Pública.
No son más que meros apuntes contables que se han generado con el paso de los años, es decir, un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades.
Por eso, cuando se presentó el decreto, el Gobierno quiso resaltar por boca del ministro de Economía, Luis de Guindos, que estos 40.000 millones de euros que finalmente la banca ha computado como capital de máxima calidad no suponen ningún tipo de préstamo, transferencia o ayuda a los bancos, sino una «cuestión contable». Las entidades españolas tienen unos 50.000 millones de euros en activos fiscales diferidos.
En el caso de las entidades españolas, una parte importante de los activos fiscales lo componen las provisiones genéricas, un colchón anticíclico propio de la banca nacional, que sí podrían convertirse en capital.
Bankia, la más beneficiada
Según los cálculos que aporta El País a partir de las memorias de las entidades, el grupo con más activos fiscales diferidos monetizables en España es BFA, con 6.957 millones de los que 5.249 millones corresponden a Bankia.
Siguen La Caixa (que suma 4.985 millones en CaixaBank), Santander (5.400 millones sobre un total de 7.900 millones), Sabadell (4.790 millones) y BBVA (4.373 millones).
Por otro lado, los bancos controlados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suman unos 14.800 millones.
Los más de 40.000 millones que la banca ha logrado salvar ronda la cifra que se inyectó a raíz del rescate europeo.
Noticia procedente del economista.es
