Las principales asociaciones de trabajadores autónomos han recibido con satisfacción el anuncio de una nueva ley orgánica mediante la que el Ministerio de Hacienda pretende rebajar el plazo de pago de las administraciones a sus proveedores a los 30 días que marca la ley antimorosidad. Tanto la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) sitúan el tiempo para la liquidación de las facturas por encima del triple del tiempo que marca esa norma.
El presidente de ATA en la provincia de Las Palmas, Francisco Gómez, aseguró ayer que si bien unas administraciones son más rápidas que otras, el conjunto de ellas mantiene una demora en el pago de 169 días en las Islas. Gómez afirma que eso sucede porque la norma que obliga a liquidar las facturas en 30 días «no tiene un régimen sancionador». Es decir, incumplirla no acarrea consecuencias.
Sin embargo, el anteproyecto de ley que prepara el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, obliga a las administraciones autonómicas y locales a cumplir ese periodo de 30 días y establece un orden gradual de sanciones que incluye la intervención de las cuentas para garantizar que los proveedores cobran en ese plazo de un mes.
Respuestas
Una de las primeras respuestas contrarias a esa nueva ley surgió del Gobierno de Canarias. El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, Javier González Ortiz, se mostró totalmente de acuerdo con agilizar el pago a los empresarios que venden bienes o prestan servicio a la Administración autonómica, pero culpó precisamente a Madrid de que no siempre pueda cumplirse con los preceptivos 30 días.
Por un lado, González Ortiz señaló que el propio mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que se acogen las comunidades para pagar sus facturas, supone 60 días. Eso sucede porque Madrid no libera esas cantidades en dirección a cada región para que esta pague sus facturas, sino que las retiene y paga en ese plazo con cargo a las cuentas regionales.
Además, el consejero criticó la ausencia de apoyo del Gobierno central para conseguir financiación. Se refirió así a la negativa del Ministerio de Economía a que Canarias cerrara un crédito recientemente con una entidad extranjera «en condiciones ventajosas».
«Muy beneficioso»
El secretario general de UPTA en Canarias, César García, consideró que la ley orgánica «puede ser muy beneficiosa» y situó los periodos de pago actuales entre 120 y 140 días en el caso de algunas administraciones, si bien en el conjunto del Estado rebajó la cifra hasta los 96 o 98 días.
La necesidad de esa ley que establezca sanciones contra las administración que no pagan la basa en la continúa acumulación de facturas por pagar. «Solo en el último año, se han llegado a sumar 5.000 millones de euros en España», detalló.
Para el representante de UPTA en las Islas, la morosidad de las administraciones «es uno de los principales problemas» al que se enfrentan los autónomos. Coincide plenamente con Francisco Gómez, quien asegura que «gran parte de la deuda» viva la genera la falta de liquidez de las propias administraciones en el plazo convenido. «Las pymes y autónomos canarios no tienen espaldas para soportar retrasos de 169 días en el pago», afirmó el presidente de ATA en Las Palmas.
Kafkiano
Además, Gómez calificó de «kafkiano» que sean las administraciones las que obliguen a los autónomos a soportar esas cargas. La ley orgánica la estima necesaria porque si quebrar la norma no supone «dinero o restricciones de algún tipo», su cumplimiento no estará garantizado. «Te pueden decir que son buenos pagadores y quizá alguno cumpla los plazos, pero son los menos», explicó el también vicepresidente de ATA-Canarias.
Las dos asociaciones de autónomos resaltan la necesidad y el beneficio que encierra la norma de cara a lograr rebajar el nivel de endeudamiento que deben soportar los proveedores de las administraciones. «De alguna manera, ellos tapan su deuda con esos impagos», destacó Francisco Gómez. Esa ausencia de cumplimiento de los plazos para pagar «ha supuesto la destrucción de un gran número de empresas», afirmó el profesional.
También las normas obligan a que los pagos en el sector privado se realicen en 60 días. «Sin embargo, se dan casos de grandes empresas que obligan a autónomos que los proveen a escribir cartas de renuncia a ese plazo si quieren seguir trabajando con ellas», afirmó César García, colocando el dedo sobre una llaga que hasta la fecha no ha merecido la atención del Gobierno presidido desde hace dos años por el conservador Mariano Rajoy.
El secretario general de UPTA-Canarias abogó por que Montoro estudie también la puesta en marcha de una ley orgánica para «la financiación, aunque eso sería ya en un mundo perfecto», señaló el representante de los autónomos en el Archipiélago.
Sanciones por no pagar en 30 días
Límite. En cuanto una comunidad autónoma, cabildo o ayuntamiento no pague sus facturas en 30 días, tendrá que actualizar su plan de tesorería, detallando los recursos que va a destinar a lograr cumplir dicho plazo. Del mismo modo, habrá de explicar cuáles son los pasos que seguirá para generar la tesorería suficiente que le permita hacer reales las expectativas plasmadas sobre el papel.
60 días. Si el periodo medio de pago supera los 60 días, el Ministerio de Hacienda decidirá las actuaciones que la administración incumplidora habrá de seguir. Si transcurren dos meses sin reducir la demora, Madrid retendrá parte del dinero que envía a la comunidad incumplidora para que esta financie sus servicios básicos. El objetivo es pagar con él a los proveedores. Además, tendrá que dar el visto bueno a todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad incumplidora y exigirá más medidas en el plan de tesorería.
Sin corrección. Si las medidas de corrección no surten efecto en dos meses, Hacienda intervendrá en los tributos cedidos por el Estado, podrá enviar una comisión de expertos a la comunidad autónoma y hasta obligar a esta a depositar en el Banco de España una cantidad equivalente al 0,2% de su producto interior bruto.
Noticia procedente de LaOpinión.es
