España tiene un problema. Bueno, varios, pero sobre todo uno relacionado con su sistema tributario, con el engranaje de una sala de máquinas obligada a captar dinero para cubrir un techo de gasto cifrado en 133.259 millones para 2014. Savia para nutrir unos Presupuestos nacionales que no convencen a la Comisión Europea por los «riesgos» que existen de no alcanzar el déficit nominal del 5,8% fijado para el próximo año, clave de bóveda de la ortodoxia económica comunitaria. Dudas que surgen de la recaudación tributaria o de la previsión de ingresos de la lucha contra el fraude, «demasiado optimista» para el equipo del vicepresidente económico, Olli Rehn. España asegura que cumplirá, que su «compromiso es absoluto». Bruselas no lo tiene tan claro.
Las diferencias son salvables, pero en líneas generales una idea domina el debate: el modelo fiscal no funciona. Así, sin ambages. Lo dicen las cifras, ese enemigo implacable para todo político. Y es que España apenas recauda impuestos por valor del 37,1% de su PIB, 9,2% puntos menos que la media de la Eurozona. Unos guarismos similares a los países del Este y muy lejos de su condición de cuarta potencia de la moneda única. Lo hace, además, teniendo la fiscalidad más elevada de la Unión en lo relacionado por ejemplo al IRPF.
España tiene impuestos de Bélgica, Dinamarca o Finlandia y recauda menos que Malta, Chipre o Estonia. Y si se abre el abanico comparativo a los Veintiocho, España se codea con Suecia en tener los tipos más altos y sin embargo, lo hace con Bulgaria, Rumania y Lituania para evitar ser el que menos ingresa. En una coyuntura en la que tanto se habla de productividad y eficiencia, Eurostat, la oficina estadística comunitaria, evidencia que la Hacienda tributaria no sabe recaudar. Y sin los suficientes ingresos, cumplir con el ineludible déficit público es una quimera.
La última andanada encajada por el Gabinete Rajoy con remite de Bruselas tiene sello de nuevo cuño. En esta ocasión, la «invitación» a actuar se refiere a los Presupuestos de 2014. En octubre y por primera vez, el Ejecutivo comunitario recibió y analizó al detalle las propuestas realizadas por los estados miembros antes de ser aprobados por los respectivos parlamentos nacionales.
Su conclusión no es vinculante, sólo orienta. Pero cuando se habla de Bruselas, «invitar» toma prestada una nueva acepción en el diccionario: «presionar sutilmente a un Estado miembro a tomar medidas para corregir sus desequilibrios, sobre todo si está bajo un expediente por déficit excesivo». Sí, como España.
Advertencia de Bruselas
El examen concluyó con cinco amenazas de suspenso: Italia, Luxemburgo, Finlandia, Malta y España. En nuestro caso, se justificaba por el «riesgo» de incumplir el sacrosanto déficit, fijado para el 5,8% en 2014 pero cuantificado en el 5,9% por la Comisión si no se modifican unos Presupuestos que ya están en el Senado. Apenas una «marginal» décima de diferencia -mil millones- surgida de las previsiones de crecimiento, como apuntó el ministro de Economía, Luis de Guindos. Si Madrid prevé el 0,7%, Bruselas no pasa del 0,5%. Finalmente, el Eurogrupo, el consejo de ministros de Finanzas de la moneda común, dio su aprobado la noche del viernes a cambio de una «segunda ronda» de reformas en el mercado laboral y un ajuste estructural fiscal de 2.500 millones de euros.
El discurso político puede edulcorarse, pero al fin y al cabo, son matemáticas. Si hay que ajustar 7.000 millones en 2014 (pasar del 6,5 al 5,8%) y otros 16.000 en 2015 (pasar del 5,8 al 4,2) hay dos alternativas: o recortar gasto o subir impuestos. Una opción, la segunda, que no cuenta con el plácet ni del comisario Rehn ni del presidente del Banco Central, Mario Draghi, que ya han advertido de que no hay más margen para aumentar la presión fiscal. Los trabajadores, las pymes, los autónomos… Una clase media asfixiada ha dicho basta. También la dirección del PP, que fía buena parte de su éxito electoral de 2015 a una bajada de impuestos que deberá contar con el visto bueno de Bruselas.
2014 también será el año de esa «gran reforma fiscal» anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para la primavera. Un giro de 180 grados con el que el Gabinete Rajoy pretende disipar las inquietudes de la Dirección comunitaria de Economía y Asuntos Monetarios. «Claro que quedan grandes reformas pendientes, la de financiación local, las de las comunidades autónomas, la fiscal… Nuestros objetivos son los suyos. No cabe relax alguno», recalcó Montoro una hora después de conocer el enésimo aviso a navegantes lanzado desde la Comisión Europea hace una semana.
Subidas sin efectos
La misión es de aúpa. De hecho, en julio el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de una comisión de sabios liderada por el catedrático Manuel Lagares. Su objetivo será definir para principios de año la hoja de ruta de un nuevo modelo fiscal que ahora se sustenta sobre pies de barro: tipos muy altos pero demasiadas deducciones -sobre todo en Sociedades- que hacen que una vía contrarreste a la otra. Todo ello con un fraude fiscal cuantificado por los técnicos de Hacienda en el 25% del PIB, del orden de 250.000 millones.
Unas carencias que han salido a la luz de la mano del estallido de la burbuja inmobiliaria, gran nicho de ingresos tributarios de los ayuntamientos. Como recordó Rajoy el miércoles en el Congreso, España ha dejado de ingresar 70.000 millones en tan sólo dos años.
Desde 2009, como advierte Eurostat, España ha realizado escasos avances en lo referido a su eficiencia fiscal, pasando del 36,7% del PIB de 2010 al 37,1% de 2012. Apenas cuatro décimas, mientras que la Eurozona aumentó 1,5 puntos hasta el 46,3%. Un exiguo incremento el de España a tenor de los históricos ajustes impulsados tanto por Zapatero -subida del IVA, congelación de pensiones…- como por Rajoy -nueva subida del IVA, incremento del Impuesto sobre la Renta…-. Hacienda ha exprimido el bolsillo de la clase media y aún así, llegará por los pelos al objetivo de déficit.
El único tributo que todo apunta a que bajará será el IRPF, sostén principal de los ingresos del Estado y figura que a finales de 2011 se incrementó -es la vía más rápida de captar dinero- por la necesidad de cuadrar el déficit. Una polémica decisión con un elevado coste político que La Moncloa llamó «recargo temporal de solidaridad» y que la Comisión, por cierto, ha recomendado no suprimir. Su impacto es de 10.000 millones. Un punto del PIB, un punto que sumar al inamovible déficit. Son matemáticas, no política. Si se elimina, si el IRPF baja, no queda otra que buscar 10.000 millones de otra parte. ¿Cómo? Bruselas espera impaciente la respuesta.
Noticia procedente de elcorreo.com
