D. E. TORRES
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Gobierno de Canarias espera ingresar entre 25 y 40 millones de euros procedentes del Impuesto sobre el Patrimonio y estudia cómo se establecerán los tramos impositivos para los contribuyentes canarios, partiendo, señaló, del mínimo exento de 700.000 euros establecido por el real decreto que deberá ser convalidado el jueves en el Congreso de los Diputados en la última sesión plenaria de la legislatura.
El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, manifestó ayer la posición favorable del Ejecutivo regional a la recuperación de este tributo temporal para las anualidades 2011 y 2012. «No vemos mal, en un momento como el actual, que pague más el que más tiene», dijo. Y explicó que una vez que la medida se apruebe definitivamente en la Cámara baja Hacienda podrá determinar con exactitud qué deducciones podría establecer la Comunidad Autónoma.
González Ortiz apuntó que el objetivo inicial sería ingresar los aproximadamente 40 millones de la última asignación antes de que el Gobierno de Zapatero decidiera su supresión en 2008. La salvedad respecto a aquella anualidad es que la tributación incluía a los contribuyentes con un patrimonio situado por encima de los 90.000 euros entre bienes muebles e inmuebles.
La decisión del Ejecutivo central de dejar fuera a las clases medias supone que ya no pagarán por este impuesto unos 22.000 canarios.
Asignación
El consejero recordó que, a causa de la supresión del impuesto, el Estado ha compensado desde entonces con una cifra similar a la última asignación. El Gobierno confía en que esos 40 millones se consideren como consolidados y no desaparezcan de la asignación de los Presupuestos Generales del Estado para el Archipiélago una vez se aplique el nuevo impuesto.
De otro lado, el responsable de la cartera de Economía y Hacienda insistió en que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año que viene apenas variará con respecto al que está actualmente en vigor, con un montante de 6.512 millones de euros. Admitió, no obstante, que se acometerá un recorte en el gasto entre un 2% y 3%.
El consejero insistió durante una comparencia en la sesión de ayer que Canarias es de las comunidades que con más celeridad paga a sus proveedores, autónomos y pymes.
Mientras la media nacional es de 178 días el Gobierno establece un plazo de hasta 50 días. «Hemos hecho los deberes. Cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria y eso nos permite pagar a las empresas que trabajan para las administración de forma rápida».
