No dominar las nuevas tecnologías va a salirle caro a los autónomos y a los particulares que presentan declaración del IVA. Desde este mes es obligatorio realizar este y otros trámites fiscales de forma telemática después de que el Gobierno haya eliminado la posibilidad de hacerlo en formato papel con los tradicionales modelos preimpresos y rellenados a mano, lo que obligará a numerosos malagueños sin conocimientos ni medios técnicos sobre Internet a contratar a asesores que hagan la gestión en su nombre. En términos económicos, la exigencia de la Agencia Tributaria puede salir hasta por 120 euros por informe.
Según la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA) alrededor del 20% de los autónomos malagueños tendrán que recurrir a profesionales para cumplir con la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de noviembre, lo que supondrá un nuevo varapalo económico que se suma al aumento de las cargas fiscales que vienen sufriendo. Teniendo en cuenta que en la provincia hay 96.953 pequeños empresarios (datos de la Seguridad Social a fecha de noviembre), serían unos 19.000 los afectados. A esto habría que sumar numerosos particulares que tienen locales comerciales en alquiler y que a efectos de Hacienda se consideran empresarios, aunque no a efectos de Seguridad Social. En el conjunto de Andalucía hay 36.702 declarantes del IVA por arrendamiento de locales, lo que supone el 7% del total. Las empresas societarias (personas jurídicas) representan el 33%, frente al 67% de empresas personales (personas físicas). Las sociedades anónimas y limitadas ya operan obligatoriamente por Internet.
Fin de plazo
El día 30 de enero finaliza el plazo para que comerciantes, profesionales y todas aquellas personas que facturen por cualquier actividad por la que obtienen un beneficie económico presenten en la Agencia Tributaria la autoliquidación del IVA del cuarto trimestre (modelo 303) y el resumen anual (modelo 390) y para que no les pille el toro el fisco ha enviado cartas a los interesados en las que les avisa de que «a partir del 1 de enero de 2014 no se podrán presentar declaraciones informativas en papel impreso» y deberá hacerse «necesariamente» de forma electrónica por Internet. En la misiva se argumenta que este procedimiento «evitará desplazamientos y colas de espera innecesarios» y permitirá «que los trámites tributarios, en especial las devoluciones, sean gestionados y tramitados con mayor rapidez y agilidad».
Asesores fiscales consultados por este periódico, sin embargo, consideran que los objetivos de la Administración son ahorrarse trabajo y mano de obra, «ya que es el contribuyente el que cumplimenta y presenta su declaración en lugar de los funcionarios», y acelerar el cobro por parte de Hacienda porque «al domiciliar el pago del impuesto se agiliza en la recepción de los pagos desde las entidades bancarias de los contribuyentes a las arcas del Estado», como explican en Paneque Asesores y Consultores, cuyos expertos consideran que «gran parte de la carga burocrática pasa a los propios los contribuyentes, que se verán obligados a dedicar un mayor número de horas de trabajo a las gestiones administrativas o bien a contratar los servicios de asesoramiento fiscal». En el caso de este despacho profesional los honorarios por la presentación de los modelos oficiales oscilan entre los 60 y los 120 euros.
En lo que sí coinciden el fisco y los especialistas es en que la obligatoriedad de utilizar Internet aumenta el control. Según Paneque Asesores, será más rápido detectar si alguien no realiza la presentación y con ello los procedimientos sancionadores se inician antes. La Agencia Tributaria, por su parte, defiende que se trata de un sistema más seguro, mientras que los técnicos de Hacienda destacan que con la presentación telemática se evitan errores que pudieran producirse «porque se hayan bailado números o esté sin escribir el NIF, por ejemplo». Como explica el secretario general del sindicato que los agrupa, Gestha, José María Mollinedo, todo esto se solventa automáticamente porque el programa no da opción a continuar en caso de detectar fallos. El vicepresidente de ATA en Andalucía, Rafael Amor, defiende que esta medida, además de aumentar el control y agilizar los trámites «intenta evitar la economía sumergida». Sobre el hecho de que al 20% de los autónomos les suponga un coste añadido por tener que contratar asesoramiento, afirma que «hay que adaptarse a los nuevos tiempos, esta medida está dentro de la normalidad».
Carencia de medios
Consciente de la existencia de personas que carecen de medios para hacer los trámites por ellas mismas, en las cartas enviadas a los contribuyentes la Agencia Tributaria les informa de que la presentación de las declaraciones pueden hacerla «a través de un colaborador social». A este respecto, el letrado Nicolás Gómez Villarés, responsable del departamento fiscal de GVA&Atencia Abogados, advierte que de los métodos disponibles para operar telemáticamente son bastante complicados. «Lo más fácil es darse de alta con certificado digital». Las otras alternativas son presentación por predeclaración por SMS y a través del PIN24H, un nuevo sistema de identificación y firma electrónica que se podrá utilizar por personas físicas siempre que no estén obligadas a la presentación obligatoria por Internet con certificado electrónico, según detallan en Paneque Asesores. Una vez que el contribuyente se registra, cada vez que necesite hacer un trámite con la Agencia Tributaria debe solicitar un código que recibirá a través de un SMS en el móvil y una vez recibida la identificación podrán hacer la gestión y validarla.
Lo que dice la ley
Aunque en las cartas de Hacienda no se habla de sanciones al respecto, la Ley General Tributaria establece en su artículo 199.2 que si las autoliquidaciones, declaraciones o documentos relacionados con las obligaciones aduaneras se presentan «por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción consistirá en una multa pecuniaria fija de 1.500 euros». En cualquier caso, los expertos dudan de que alguien incurra en esto cuando ya no existe la posibilidad de operar de otra forma. «Esto pasaría si una persona diera por presentada la documentación enviándola por correo certificado, por ejemplo», apunta Mollinedo.
Noticia procedente de Diariosur.es
