Es casi un problema crónico en España y una seria amenaza para la supervivencia de las empresas, especialmente de las más pequeñas. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos acumulan facturas impagadas con pymes y autónomos que ascienden a casi 5.000 millones de euros, según datos recientes de la federación de autónomos (ATA). Y lo que más llama la atención es que estas administraciones siguen siendo morosas a pesar de la entrada en vigor de la directiva europea de lucha contra la morosidad, que obliga a las administraciones a pagar en 30 días y aplica recargos del 8% por impagos.
Tanto las administraciones como el sector privado no cumplen esta normativa y los periodos medios de pago se sitúan en 144 días en España, frente a los 30 que establece la ley, en el caso de las administraciones públicas, y en 85 en el sector privado, frente a los 60 que da de plazo la directiva europea.
El aspecto positivo que se extrae de la lectura de las cifras es que tanto la cuantía adeudada como los periodos de pago por parte de las administraciones públicas a los autónomos se ha reducido ligeramente en los tres últimos meses; ha pasado del plazo medio de pago de 151 días a los 144 y la cuantía ha descendido en unos 15 millones de euros, hasta situar el monto total en torno a los 4.824 millones de euros.
Si desglosamos los tiempos de demora en los pagos, el 29,2% de los autónomos tarda en cobrar las facturas emitidas a la Administración más de seis meses, el 54,1% tarda en cobrar un periodo de entre 90 y 180 días y únicamente el 19,4% cobra antes de 90 días.
¿Qué hay detrás de estas cifras? Muchas empresas asfixiadas por la morosidad, abocadas en ocasiones al cierre sin remedio de sus negocios. «La morosidad no puede seguir cerrando una de cada cinco actividades y destruyendo uno de cada cuatro empleos. El sector público, con sus impagos, están causando la mayor parte de los despidos en España», asegura a este periódico Lorenzo Amor, presidente de ATA y embajador de la CE para la vigilancia de la morosidad.
Los impagos de las administraciones son un problema recurrente en la economía española, aunque la situación más dramática se produjo en plena crisis. Las administraciones, secas por el desplome del ladrillo y cerrado el grifo de los mercados, aplazaron pagos y los proveedores quedaron colgados con la morosidad. A principios del año pasado la situación se volvió insostenible. Se multiplicó el cierre de empresas y las comunidades autónomas tuvieron que pedir ayuda al Estado para hacer frente a sus pagos.
Para aliviar la situación, el Gobierno puso en marcha un plan de pago a proveedores con el que pretendía reducir la deuda comercial de las administraciones y sacar a la luz facturas olvidadas en los cajones. El plan sirvió para que los ayuntamientos pagaran 1,8 millones de facturas por un importe de 9.598 millones y las regiones liquidaran 3,7 millones de facturas por 17.704 millones de euros.
Pero este plan sólo permitía incluir facturas contabilizadas hasta el 1 de enero de 2012. Tampoco se admitían certificados de obra, ni convenios, concesiones o algunos contratos de obras públicas o servicios públicos. Las facturas de las universidades y empresas públicas también se excluyeron. Además, las administraciones acumulaban retrasos en su contabilidad lo que dejó fuera del plan gubernamental numerosos recibos de finales de 2011.
Para frenar la morosidad, a finales del año pasado el Ejecutivo, comprometido con la reducción de la misma, puso en marcha otro mecanismo para las autonomías: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que se liquidó deuda con acreedores por 1.100 millones, aunque también resultó insuficiente.
Ahora, el Ejecutivo ha puesto en marcha un nuevo plan de pago a proveedores, que tiene por objetivo conseguir que las deudas estén saldadas el 31 de diciembre y poner el contador a cero en enero. A este plan el Gobierno destinará 13.386 millones para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Las facturas pendientes de pago de las comunidades autónomas que acceden a este plan ascienden a algo más de 8.000 millones. Estas regiones son Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Cataluña, la que más tarda
Al desglosar esos 144 días que tardan, de media, en pagar las administraciones públicas despuntan sobre las demás tres: Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, son las que más tardan en pagar de toda España. La media es de 152 días en Cataluña y de 151 tanto en la Comunidad Valenciana como en Andalucía.
Por encima de la media nacional (144 días) también se encuentran Murcia y Asturias, donde los autónomos tienen que esperar de media 146 y 145 días, respectivamente, para cobrar.
Por el contrario, Galicia y La Rioja (38 días), así como Navarra y País Vasco (ambas con 39 días), son las que menos tardan en pagar a autónomos y pequeñas empresas y las que más se acercan a los plazos que fija la ley de morosidad. Con periodos medios de pago inferiores a cien días se encuentran la Comunidad de Madrid (95 días), Ceuta (67 días) y Melilla (66 días).
Noticia procedente de Abc.es
