El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presentó en el último Consejo de Ministros de junio las líneas maestras del Anteproyecto de Ley de Control de la Deuda Comercial en el sector público. El objetivo de esa norma, cuya aprobación está prevista para finales de año, es poner a cero el contador de la deuda comercial y obligar a las administraciones públicas a pagar sus facturas a un máximo de 30 días. Unas condiciones impuestas desde Bruselas dentro de la negociación que mantuvieron con el Ejecutivo para otorgar más margen de déficit a España. La Comisión Europea considera innegociable que las administraciones públicas cumplan los plazos marcados por la ley.
Todas las fuentes autonómicas consultadas por Cinco Días están de acuerdo con la filosofía de la norma, aunque la mayoría consideran que los plazos marcados son inviables y que no parece muy normal que a todas las comunidades se les obligue a pagar en el mismo plazo, más aún cuando a principios del verano el Ejecutivo estableció un objetivo de déficit asimétrico. Desde la Consejería de Hacienda de Madrid subrayan que los plazos serán reales “en la medida que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adopte tres medidas”. Estas serían, en su opinión, que la Administración del Estado sea muy ágil en la tramitación de las autorizaciones de endeudamiento a las Comunidades Autónomas, que adopte medidas para solucionar el problema planteado por los déficits incurridos durante los últimos años de crisis económica que no han podido ser financiados y que solucione los graves problemas e inequidades que plantea el Sistema de Financiación Autonómica.
Las autonomías están preparando su argumentario de cara a las reuniones que mantendrán con Hacienda a la vuelta del verano y algunas plantearán la posibilidad de crear un pago a proveedores asimétrico, al igual que el déficit y una flexibilización en las medidas de control sobre la deuda pública. Entre ellas, Montoro anunció la posibilidad de retener transferencias del Estado e incluso quitar la competencia sobre impuestos. Fuentes de una Consejería de Hacienda apuntan al hecho de que el Ejecutivo debe extremar el celo para comprobar que el nivel de exigencia sea igual para las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Administración central, en clara alusión a la posibilidad de que haya más “manga ancha” con el Estado central.
Asimismo plantearán a Hacienda la posibilidad de que el plazo máximo de 30 días se alargue ante las dificultades propias de la logística en la Administración Pública. “Si una Administración encarga una obra, la factura no se va a abonar hasta que los técnicos comprueben que todas las certificaciones están realizadas conforme a la ley y eso, en muchos casos, supone ir más allá de 30 días”, recalcan.
La obligatoriedad de cumplir esos plazos puede acabar con uno de los principales mecanismos para generar tesorería del que han tirado las regiones en los últimos años. Muchas diferían el pago a sus proveedores y con el dinero que lograban disponían de efectivo para hacer frente a los pagos del día a día. Algunas consideran que esta medida, lejos de sanear las cuentas públicas autonómicas, las puede agravar y obligarles a hacer recortes, algo impensable tras los realizados en los últimos ejercicios y a un año de las elecciones autonómicas.
Claves para luchar contra la morosidad
El anteproyecto de Ley de Control de la Deuda Comercial en el sector público marca las pautas a partir de las que el Ejecutivo pretende erradicar la demora de las Administraciones en el pago a sus proveedores.
Plan de tesorería: Todas las Administraciones deberán disponer de un plan de tesorería en el que garanticen que van a pagar a 30 días. Si se incumple este plazo, deberán comunicar a Hacienda el importe de los recursos y la memoria económica de las medidas que van a adoptar para volver a pagar a 30 días.
Corrección: Si la comunidad paga por encima de 60 días durante dos meses, Hacienda activa las medidas de corrección, entre las que destaca la retención de las transferencias a las regiones morosas con las que satisfará la deuda con los proveedores. Todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo precisarán de autorización del Estado y Hacienda puede obligar a las autonomías a integrarse en los mecanismos adicionales de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Medidas coercitivas:El artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria fija que a una comunidad que incumpla los plazos de pago con reiteración puede perder las competencias normativas con los tributos cedidos por el Estado. Asimismo, Hacienda les puede obligar a constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% del PIB. Este será cancelado una vez que se garantice el cumplimiento de los objetivos.
Noticia procedente de Cincodias.com
