Las pequeñas empresas y los autónomos son los que más en serio se han tomado la nueva ley de Morosidad que fija en un máximo de 60 días el plazo de pago de las facturas. Cuanto más grande es la empresa más tarda en pagar. Al menos esa es la conclusión de la encuesta realizada desde el Observatorio del Trabajo Autónomo de la Federación de Autónomos ATA.
La encuesta, que recoge los plazos de pago a autónomos de la empresa privada, constata que el plazo medio de pago de las empresas privadas es de 85 días, 25 por encima de los 60 días que establece, como máximo, la Ley de Morosidad para 2013. Aunque el dato es negativo, mejora en cuatro los 89 días de plazo de pago de las empresas que se registraron en la anterior edición de la encuesta.
El estudio de ATA también corrobora que cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el número de días que tarda en abonar los servicios que le ha prestado un autónomo. Es más, las grandes empresas (de más de 1.000 trabajadores) tardan en doble en pagar que las transacciones que se llevan a cabo entre los autónomos. Mientas que la gran empresa tarda una media de 124 días en pagar las facturas, el periodo medio de pago entre autónomos desciende a los 59 días, por debajo del límite de la ley.
Los datos de ATA coinciden más o menos con los del Estudio sobre Comportamiento de Pagos de las Empresas Españolas realizado por Informa D&B sobre los hábitos de pago de más de 360.000 empresas. Según su análisis, de la suma de los importes de las facturas computadas, el 33% del total se paga dentro de los plazos pactados y la cifra se incrementa al 95% incluyendo las que se pagan con hasta 30 días de retraso. La media de las empresas para hacer efectivas las facturas ha sido de 94,82 días, cuando en el segundo trimestre del año pasado era de 102,32.
Sin embargo, Informa D&B también analiza las condiciones promedio acordadas entre las empresas, más allá de lo que marca la ley. El plazo medio en el segundo trimestre de 2013 fue de 76,41 días. Según estos datos, el retraso medio de pago sobre las condiciones pactadas se sitúa en 18,41 días, el más bajo desde que se comenzó a realizar este estudio a finales de 2010. Estos retrasos suponen un coste directo para el conjunto del tejido empresarial de 2.261 millones.
El panorama en las Administraciones Públicas no es mejor. Según los datos de ATA, su plazo medio de pago a los autónomos es de 144 días, muy alejado de los 30 días que establece la Ley de Morosidad y de la directiva europea de la UE para este año 2013.
Noticia procedente de El Economista.es
