La crisis se ceba con los profesionales independientes. Por tercer mes consecutivo, en octubre descendió el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA): 5.953 personas se dieron de baja, lo que supone una caída del 0,2% y sitúa la cifra de cotizantes en 3,3 millones. Estas cifras significan una pérdida diaria de 192 autónomos.
Pero ¿cuántos de estos trabajadores por cuenta propia tienen acceso a la prestación por desempleo? Según datos de la Seguridad Social, un total de 505.889 cotizantes del RETA pagan por la cobertura de cese de actividad, el 21% del total. En lo que va de año se han presentado 5.281 solicitudes para cobrar la ayuda, de las que solo se han resuelto favorablemente 959, un 18,2%. Es decir, solamente uno de cada cien autónomos que cotizan por esta cobertura solicitó el paro, frente a un 3% del mundo asalariado. La duración media de la prestación asciende a poco más de dos meses y la cuantía media, a 1.180 euros.
Para Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), con este porcentaje de resoluciones favorables tan bajo no se puede considerar que este sistema público y, por tanto, de garantía funcione bien, sobre todo si se compara con el de trabajadores por cuenta ajena, que supera el 98%. No obstante, “hay que tener en cuenta que esta cobertura, de carácter voluntario, es efectiva desde el mes de enero pasado y, aunque entró en vigor a finales de 2010, son necesarios 12 meses seguidos de cotización para acogerse al mismo”.
Algo no funciona. Por eso, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social están negociando una reforma de esta prestación, ya que del 78,8% de los autoempleados a los que se les ha denegado, la causa, en dos de cada tres solicitudes, ha sido problemas técnicos, fundamentalmente por la dificultad de acreditar el cese del negocio. De hecho, la mayoría de los casos que se rechazan es por este motivo, y solo un 10,7% por no tener cubierto el periodo mínimo de cotización exigido.
Para Lorenzo Amor, presidente de ATA, el problema es especialmente notable entre los trabajadores que cotizan por módulos, ya que este sistema prescinde de los flujos reales de ingresos y gastos en la actividad. “A la vista de los resultados, creemos necesario revisar la regulación de esta prestación respecto, al menos, dos aspectos: la obligatoriedad para determinados colectivos y la definición de la documentación que se necesita presentar para acreditar el cese. Creemos que en el plazo de un año se habrá modificado la normativa”.
Otro dato significativo es que la recaudación por esta cobertura en el último año ha ascendido a más de 120 millones de euros, pero solo se han pagado a los cotizantes dos millones de euros por cese de actividad. “Por un lado, el fracaso se puede atribuir a que la prestación no está bien diseñada, pero también hay que decir que ha sido rentable para el sistema de protección social y no tanto para aquellos que se plantearon pagar esta cobertura”, puntualiza Amor. La subvención por desempleo es gestionada por las mutuas de accidentes de trabajo.
Históricamente desprotegidos, lo cierto es que la crisis está castigando más a los trabajadores independientes que a los asalariados porque, en la práctica, su nivel de protección es menor, pero también porque les afecta en un doble sentido: por el cese de ingresos y por las deudas contraídas, en la mayoría de los casos para evitar el cierre de su negocio. Es bastante habitual encontrarse con autónomos que se han quedado sin ingresos y con deudas
Aunque las personas autoempleadas están incluidas en el régimen público de empleados autónomos, que reconoce numerosas prestaciones (asistencia sanitaria, jubilación, maternidad…), además de las voluntarias como el paro, muchas optan por contratar algún tipo de seguro privado para completar las cantidades que reciben de la Seguridad Social. Es decir, a pesar de las mejoras, siguen pensando que están desprotegidos y que tienen que cubrirse por otras vías.
El negocio de pymes y trabajadores independientes es muy importante para la cuenta de resultados de las aseguradoras, que ponen a disposición de este colectivo una amplia oferta de productos. “Los autónomos son clientes habituales de las compañías de seguros. Históricamente han utilizado dos tipos de seguros: profesionales para la jubilación y para cubrir bajas por enfermedad. Es una tendencia que se mantiene porque hasta hace 10 años el trabajador por cuenta propia prácticamente no tenía ninguna cobertura pública”, puntualiza Sebastián Reyna.
Respecto a la cuantía de las pensiones, la media que recibe este colectivo se ha incrementado un 3,3% en el último año, mientras que la de los trabajadores por cuenta ajena ha descendido un 2,2%, según se desprende de un informe elaborado por ATA. Sin embargo, a pesar de este incremento, la pensión media es un 42% inferior que la del régimen general. Es decir, los autoempleados reciben, de media, una jubilación de 647 euros al mes, mientras que los trabajadores por cuenta ajena cobran unos 1.115 euros.
En términos legales, nada se puede hacer al respecto, en opinión de Reyna, puesto que el sistema de cálculo es el mismo que el del régimen general, lo que ocurre es que los autónomos cotizan menos. “Por eso, nosotros intentamos convencerles para que coticen por los ingresos reales, porque, aunque ahora con la crisis es más complicado, lo cierto es que cuando la economía tiraba bien se cotizaba por la base mínima. Y esto no tiene sentido. Es necesario incentivar a los trabajadores para que aumenten la media de cotización. Y este no es un asunto del Gobierno sino del colectivo, que tiene que ser consciente de la necesidad de aportar más para tener pensiones más razonables”.
Desde ATA, Lorenzo Amor pone de relieve que los empleados por cuenta propia son los que se jubilan más tarde, los que menos pensión reciben y los que más años cotizan para cobrar una. “El Gobierno debería replantearse el sistema de pensiones de los autónomos en cuanto a su nivel de contribución y protección”.
Si bien es cierto que se jubilan más tarde, más allá de los 65 años, no es porque la ley sea diferente para ellos. De hecho, ahora, según la reforma aprobada en 2011, el autónomo puede acogerse voluntariamente a la jubilación anticipada a los 63 años con los coeficientes reductores correspondientes, aunque no a la anticipación extraordinaria, es decir, a los 61-62 años.
“En la práctica se jubilan más tarde, primero porque las posibilidades excepcionales están muy generalizadas: son muchos los asalariados que se jubilan a los 61-62 años por despido, por ERE, etc., y como eso no se puede aplicar a los autónomos, la media que sale es más alta”, señala Reyna.
Pero esa media también sube porque la jubilación voluntaria a los 63 años ha entrado en vigor por primera vez en 2011. Además, hay una tendencia en el trabajador independiente, y ahora más con la crisis económica, a continuar cotizando más años para acumular y cubrir suficientemente su vida laboral. Así, entre los trabajadores que se jubilan entre 67 y 69 años, casi el 80% son autónomos.
Según el informe elaborado por ATA, la mitad de los trabajadores por cuenta propia cesa su actividad con más de 35 años de cotización y uno de cada tres supera los 40 años. Además, en el último año, por cada 27 nuevas jubilaciones de asalariados hubo tan solo una de autónomos. Es decir, 744.800 trabajadores del régimen general frente a 10.302 independientes.

Noticia procedente de Cinco Días