Desde 2008 el ritmo de destrucción de empresas es imparable. Mueren más compañías de las que nacen. En tiempos de bonanza una de cada dos compañías había desaparecido antes de su quinto cumpleaños. Ahora en plena crisis ese ratio es menor, señala Iñaki Peña, profesor de Deusto Bussines School.
La Ley de Emprendedores quiere parar esa espiral, fomentar la creación de empresas y activar la economía. Pero una regulación por sí sola no es suficiente. Hace falta un ecosistema que favorezca la cultura del emprendimiento.
Autónomos, jóvenes empresarios, investigadores, franquiciadores e incubadoras de empresas analizan la ley para CincoDías. Exponen sus bondades y carencias. Esperan que el trámite parlamentario mejore las ventajas fiscales, se amplíen las cuantías para poder acogerse a las deducciones y el límite de edad. Son conscientes de que no solo es importante crear una compañía sino también que crezca y perdure en el tiempo.
Para Peña, “la normativa está demasiado centrada en crear empleo pero no solo basta con crearlo sino que debe ser de calidad, sostenible en el tiempo”. Últimamente se aprecia un repunte en la constitución de compañías. “Se incentiva el autoempleo para combatir el desempleo pero hay que evitar que sea un tejido empresarial débil, abocado al fracaso”, dice.
“Soy partidario de que no se desperdicien recursos, ni en crear empresas por crear”, resalta. En la misma línea insiste Pilar Andrade, que “aboga por un certificado que acredite la viabilidad de los proyectos emprendedores y que facilite el acceso a la financiación”.
Para los expertos consultados, la ley se queda corta y se podía haber aprovechado para equipararnos a otros países del entorno con fórmulas de progresividad y proporcionalidad, fomentando más la inversión de business angels, pagando en función de ingresos a partir de un mínimo y con carencia total durante dos años sin límite de edad.
“Emprender no tiene edad y se debe poder emprender muchas veces sin que el fracaso sea un delito”, apunta Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
El criterio de caja es bien acogido por todos y proporcionará liquidez. En 2012 los autónomos adelantaron 900 millones de euros por facturas emitidas y no cobradas, según ATA. Estiman que los beneficios fiscales a la reinversión podrían tener un impacto de hasta 625 millones de euros. La supervisión de las Administraciones sobre las contratas que paguen a los subcontratados también tendrá un efecto positivo. Confían que en el trámite se mejore la financiación.
Noticia procedente de cincodias.com
