El estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad demuestra que los plazos de pago a los proveedores no se cumplen, a pesar de que, desde el 5 de julio del 2010, está en vigor la ley 15/2010 que fija, por imperativo legal, los plazos de pagos máximos para que el sector público y privado cumpla con sus compromisos.
En su batería de reivindicaciones, la PMcM exige que “se cumpla” con la ley de medidas de lucha contra la morosidad. E incluso van más allá, y proponen “la aprobación de un reglamento sancionador que complete la ley 15/2010”, de manera que se estipule, mediante “una clasificación” de las infracciones “en leves, graves y muy graves”, estableciendo “sanciones económicas”. La PMcM va más allá y se atreve incluso a proponer “multas” que “oscilan entre los 6.000 y 900.000 euros, acordes con la gravedad de la conducta”.
Los empresarios también apelan a que se modifique el sistema de recaudación del IVA, situación especialmente gravosa para los autónomos, que ven cómo deben abonar un impuesto por un concepto que aún no han percibido, y que, por tanto, adelantan de su propio bolsillo, como denuncian colectivos como ATA o UPTA. Para ello, apelan a la “transposición de la directiva 2010/45/UE al ordenamiento jurídico español, para instaurar un criterio de caja para las entregas de bienes o servicios en las que el sujeto pasivo sea pyme o autónomo”.
Por último, proponen la “agilización de los procesos judiciales”, la “compensación de créditos fiscales” o la implantación de “medidas extrajudiciales para la resolución de conflictos”, caso del arbitraje.
Noticia procedente de acierto.com
