«Las economías más fuertes son las que tienen mayores niveles de emprendimiento» y en ellas «coincide» que existe una «valoración» del empresario y un marco «flexible» para él. Y a ese carro de cabeza es al que pretende sumarse Castilla y León con la Ley de estímulo a la creación de empresas, aprobada ayer por las Cortes con el respaldo de PP, PSOE y UPL y sólo el rechazo de IU, que tachó de «ideológico» el texto. Una norma que pretende «establecer medidas» de «impacto positivo» para la creación de empresas, a la vez que «mejorar la estabilidad» de las de nueva creación, según destacó el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien resaltó la oportunidad en estos momentos de crisis de una ley en la que «se pone en valor» al emprendedor, ya que «no sólo crea» la «mayor parte» del empleo, sino que este colectivo es «determinante» para el crecimiento y la innovación.
Pequeñas y medianas empresas, autónomos, empresas familiares y de economía social, aquellas vinculadas al desarrollo de conocimiento y las instaladas en el medio rural son objetivos prioritarios de la ley, que «supone un avance cualitativo» en las relaciones entre la administración y los emprendedores» y nace «acorde» a la situación y demandas sociales.
Y en esa nueva relación entre administración y emprendedores destaca la agilización de los plazos. La ley pretende acabar con esa tramitación eterna y llena de papeleos y que no sea necesario esperar meses para poder poner en marcha el negocio en mente. La «simplificación» lleva a «suprimir trabas administrativas innecesarias», la declaración responsable podrá sustituir a ciertos documentos a la vez que se «potencia» la teletramitación y se impone el modelo de solicitud única. Todo para dar «mayores facilidades», destacó Villanueva, quien apuntó que los expedientes de creación de empresas tendrán «preferencia» en la tramitación. Al final, el plazo para la respuesta no podrá superar los tres meses y, además, se crea la licencia provisional que permitirá, tras presentar una declaración responsable, abrir el negocio en diez días, pendiente de la autorización definitiva posterior.
El otro pilar sobre el que se sustenta es la educación, de modo que se «sensibilizará y promoverá» el espíritu emprendedor desde los primeros niveles, ya que es el que «crea futuros emprendedores». Además, se «aumentará» el impacto en la universidad y en la formación profesional.
Precisamente José María González (IU) criticó la «cara ideológica» que supone introducir el espíritu emprendedor desde la escuela, ya que, «quieren la gota que va amansando la mente de los niños para generar emprendedores y empresarios amparándose en la ética luterana». Sin embargo, tanto PP como PSOE rechazaron ese argumento. «Educar para el emprendimiento es esencial para crear una sólida cultura empresarial», le replicó la popular Rosa Cuesta.
«Marco favorable»
Medidas de apoyo a los emprendedores articuladas en torno a un sistema integral o la creación de la figura del agente de acompañamiento como tutor son otras de las novedades del texto, en el que se aboga por la «coordinación» de las políticas y servicios a los emprendedores desde todos los departamentos de la Junta y las instituciones privadas.
«Demuestra que hacía falta un marco jurídico favorable y esto es lo que viene a traer esta ley», destacó el socialista Julio López, quien lamentó que en estos momentos la edad media del emprendedor en Castilla y León es de 37 años, por lo que ser autónomo «no es una opción, sino la última opción» tras otras experiencias. El popular Raúl de la Hoz resaltó a los autónomos como «las herramientas más eficaces» para salir de la crisis.
Noticia procedente de ABC.es
