El problema de la economía sumergida en España acapara la atención estos días. Después de que ayer Gestha asegurase que el peso de las actividades irregulares han crecido un 40% en solo cuatro años, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) plantea posibles soluciones para aflorar el trabajo en ‘B’. De Guindos: las situaciones personales difíciles «no justifican» la economía sumergida.
En concreto, la organización propone tres medidas que debería tener en cuenta el Gobierno de cara a la próxima reforma fiscal.
La primera es el establecimiento de una retención del 15%, en lugar del 21% actual, para aquellos autónomos cuyos ingresos sean inferiores a 12.000 euros anuales.
En segundo lugar, ATA apuesta por establecer deducciones fiscales a familias, fijando un tope máximo, por gastos derivados de sanidad, educación o rehabilitación de viviendas, lo que llevaría consigo que las familias contrataran los servicios de aquellas personas que en regla con la Seguridad Social y con Hacienda.
Por último, la organización insta a fijar una base mínima diferenciada a la Seguridad Social para aquellos autónomos cuyos rendimientos netos anuales declarados en el último año no superen los 8.000 euros.
Un millón, en negro
ATA calcula que prácticamente una de cada cuatro actividades económicas en España están en el ámbito de la economía sumergida y, por tanto, no paga ni cotizaciones ni impuestos.
El presidente de la organización, Lorenzo Amor, asegura que esta estimación supone que en torno a un millón de negocios actúan ‘en negro’, incurriendo en una competencia desleal para el resto. Según indicó, más de tres millones de autónomos sí cumplen con el fisco.
La asociación de autónomos recalca que la economía sumergida no sólo se da entre desempleados, sino también entre aquellos asalariados que realizan alguna actividad extra por la que no cotizan ni pagan los correspondientes impuestos.
Para apostillar estas propuestas, Amor apunta que «la economía sumergida crece cuando con ingresos mensuales de 1.000 euros se tienen que pagar 210 euros de retención y 270 euros de cotización a la Seguridad Social, quedando únicamente un neto de 520 euros al mes, cantidad inferior al salario mínimo interprofesional (SMI)».
Noticia procedente de eleconomista.es
