A partir del 15 de enero de 2015 todas las facturas entre las Administraciones y los proveedores que les prestan algún servicio, con coste superior a 5.000 euros, deberán ser electrónicas. Un sistema con el que el Gobierno pretende ahorrar costes administrativos y atajar el problema de las facturas en el cajón, garantizando que los proveedores cobren en un plazo máximo de 30 días, de acuerdo con las nuevas exigencias de Bruselas.
De momento, y según las cifras que maneja el propio sector, España ha perdido posiciones a nivel internacional en el uso de este formato que, además, presenta diferencias notables dentro del territorio nacional. Así, la mitad de las comunidades autónomas no emiten ni un 2% de sus facturas por esta vía. De media, sólo el 6% de las facturas que se expiden a nivel regional son electrónicas, lo que no impide que en Cataluña o Madrid ese porcentaje sea muy superior.
Con los datos disponibles del año 2012, países como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Estonia en Europa, así como Brasil, México y Chile en Latinoamérica, lideran el mapa mundial en lo que a implantación de la factura electrónica se refiere. Las cifras en España dan idea de que aún queda camino por andar si proveedores y Administraciones quieren estar preparados para su implantación obligatoria en poco más de un año.
A lo largo de 2012 y a pesar de la crisis, las empresas españolas procesaron más de 56 millones de facturas electrónicas, frente a los 12 millones que habían tramitado en 2009. En torno a 7.000 compañías han emitido este tipo de documentos en el último año, mientras que el número de las que los han recibido ha superado las 100.000.
Diferencias por CCAA
Más de la mitad de las comunidades autónomas no emiten ni un 2% de sus facturas de forma electrónica, y esto pese a que en muchos de estos casos sí reciben las facturas de sus proveedores por esta vía. Con los últimos datos disponibles, relativos a 2012, Cataluña es la autonomía donde el uso de la factura electrónica está más extendido en la Administración, dado que la Generalitat expidió por vía digital el 44,7% de estos documentos y recibió de esta forma el 21,16%. Con todo, la autonomía ha frenado el uso de este formato en los últimos años, en tanto que en 2009 las facturas electrónicas representaban el 48,41% del total de las que emitía la Administración catalana.
Madrid es la segunda región en la que este sistema se ha implantado con más fuerza en el sector público y donde, a la vez, va ganando terreno, con un 26,66% del total de las facturas emitidas en el último año, frente al 23,27% de 2009. Sin embargo, en su caso es el sector privado el que más rápido está asumiendo la factura electrónica, de forma que su uso ha pasado del 12,87% al 21,55% en apenas tres años entre las compañías de la región.
De acuerdo con estos datos, la Junta de Andalucía sólo expide un 5,41% de sus facturas por esta vía. Mientras que en Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ese porcentaje no llega ni tan siquiera al 1% de las facturas totales emitidas por sus Gobiernos.
Tipos de empresa
Entre 2009 y 2012 el uso de la facturación electrónica se ha intensificado, especialmente, en el caso de las micropymes -al pasar del 27% al 35,68% del total- y ha aumentado, además, en las grandes empresas, donde ha avanzado del 8% al 9,87%. En concreto, las segundas asocian esta tecnología con la ganancia de competitividad. Sin embargo, son las sociedades pequeñas, las que cuentan con una plantilla de 10 a 50 trabajadores, las que más emplean este sistema. Según los datos del sector, un 35,92% de estas empresas facturan a través de este formato.
En los últimos cuatro años, esta tecnología ha registrado un desarrollo considerable en el sector servicios, donde la facturación electrónica se ha extendido a la mitad de las empresas, mientras que en 2009 la habían incorporado el 38% de las compañías de servicios españolas analizadas. Es exactamente lo contrario de lo que ha sucedido a lo largo de ese periodo en la industria, donde la facturación electrónica ha pasado del 58% al 39,62% de las empresas.
El ahorro previsto
El Ministerio de Hacienda calcula que en 2015, su primer año de implantación, la factura electrónica reducirá los costes administrativos cerca de 39 millones. El ahorro alcanzará los 51 millones de euros cuando el sistema se haya introducido plenamente. Entonces, el Estado dejará de gastar casi 17 millones de euros en trámites administrativos que, a la vez, permitirán a las empresas ahorrar otros 18,5 millones de euros. Al mismo tiempo, en el Departamento que encabeza Cristóbal Montoro calculan que se invertirán 18,5 millones de euros menos en los sistemas de mantenimiento de la facturación.
Al margen del ahorro, este procedimiento posibilitará un control doble, en tanto que permitirá saldar las deudas cruzadas entre la Administración y los proveedores. De este modo, Hacienda reclamará dinero a aquellos a los que el Estado adeuda fondos, y a la vez podrá bloquear los pagos a quienes no estén al día en sus deudas con la Seguridad Social o el Estado.
Punto único de entrada
Todas las facturas electrónicas contarán con un único punto de entrada, ya sea estatal, autonómico o local, que las tres Administraciones estarán obligadas a poner en marcha. No obstante, las comunidades autónomas o los ayuntamientos podrán adherirse, si lo desean, al punto general de entrada de la Administración General del Estado, para ganar eficiencia.
La nueva ley crea, además, un registro de facturas cuya gestión correrá a cargo del órgano o unidad que tenga atribuida la función contable y que estará operativo desde el 1 de enero de 2014. Este registro mejorará el seguimiento de las facturas electrónicas y permitirá un control, al momento, de toda la documentación.
En todo caso, cada Administración en concreto deberá confirmar y aceptar el documento y su contenido. Para evitar que ese proceso se traduzca en una nueva demora del pago a los proveedores, el propio sistema contará con unas alarmas que alertarán de ese retraso y cada tres meses, además, se realizarán informes.
El Gobierno ha conectado esta nueva norma con la legislación contra la morosidad, de forma que existen procedimientos coercitivos para las Administraciones que no paguen en plazo sus facturas.
500.000 autónomos
En nuestro país hay 170.000 autónomos que son proveedores habituales de la Administración, según cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Esta cifra podría multiplicarse incluso por tres, hasta superar el medio millón, si hablamos de los trabajadores por cuenta propia que son subcontratados para ofrecer determinados servicios al sector público.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, da la bienvenida a cualquier mecanismo que pueda poner fin de una vez a la morosidad de las AAPP con sus proveedores, o que, como mínimo, retrate a las morosas, como opina que sucederá cuando esté operativo el registro contable.
En adelante, un proveedor sabrá el tiempo que tarda la Administración en verificar su factura, desde el momento mismo en que la ha recibido y, a partir de esa fecha, cuánto tarda en abonarla, algo que Amor considera imprescindible.
Del mismo modo, reconoce el esfuerzo ímprobo que están haciendo las Administraciones locales para reducir sus plazos de pago. El último Observatorio del Trabajo Autónomo revela que estos entes han sido los únicos que han logrado acortar el tiempo en que saldan las deudas con sus proveedores, que ha pasado de 157 a 127 días en apenas un trimestre. Por primera vez, los ayuntamientos tardan menos en abonar sus facturas que las comunidades autónomas. Los de mayor tamaño son los que presentan más dificultades para hacer frente a tiempo a esas deudas.
Tanto los periodos de pago como la cuantía que las Administraciones adeudaban a los autónomos han disminuido ligeramente, al pasar de 151 días a 144. El sector público acumula una deuda de 4.824 millones de euros con los autónomos, 15 millones menos que los contabilizados en el anterior informe.
Noticia procedente de Eleconomista.es