Las Administraciones Públicas Españolas no solucionan el problema del paro, todo lo contrario, lo están agravando por culpa de su reincidente morosidad. Al Estado y a su filiales se les ha olvidado su principal deber, predicar con el ejemplo.
De poco ha servido la inyección de dinero prevista en el el Plan de Pago a Proveedores. Tampoco se han notado los 12.600 millones de euros que han recibido las comunidades autónomas para cuadrar sus cuentas, porque la morosidad continúa creciendo a un ritmo de seis millones de euros al día.
En los once primeros meses del año, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas han acumulado una deuda superior a 11.000 millones de euros, el 1% del Producto Interior Bruto nacional. De esta cantidad, la mitad pertenece a autónomos y pequeñas empresas, que están cerrando, porque el Estado no les paga.
La ley de Morosidad fija en 45 días el máximo de plazo permitido. La realidad es bien distinta. Los autónomos o las pequeñas empresas que tienen la suerte de cobrar tendrán que esperar una media de 163 días. Y si al final de este ruinoso aplazamiento, consiguen que se les abonen sus facturas, ya pueden dar gracias al cielo. Han conseguido librarse de los tres temidos plazos del moroso. Tarde, mal y nunca.
