FREDICA lleva años denunciando la impunidad con que trabajan los vendedores de vehículos, si así les puede llamar, que operan en la vía pública. Desde la Federación hemos realizado duras campañas en los medios de comunicación contra esta práctica ilegal, advirtiendo a los usuarios de los peligros y riesgos que puede implicar comprar vehículos usados a estos piratas. Ahora, lo que realmente es lamentable es la actitud de las administraciones públicas ante este problema, que no es solo un problema de competencia desleal para los operadores legales que se ven obligados a disponer de instalaciones, personal, seguros y toda la parafernalia burocrática que se requiere en este país para poder vender automóviles. Lo lamentable es que estas administraciones, que pierden con estos ilegales millones de euros de recaudación, desprecian a los operadores regularizados y maltratan a los ciudadanos permitiendo que estos operadores trabajen a sus anchas sin ningún tipo de responsabilidad. Esto es así porque vivimos en un país en el que muchas de sus administraciones están gestionadas por incapaces mediocres que tienen la vista puesta solo en su parcela de poder político, generando una visión absolutamente localista y paleta. Es increíble observar como en los pequeños pueblos que se esparcen por nuestra geografía los alcaldes “miran para otro lado” cuando se denuncia la actividad irregular de venta de vehículos en la vía pública de su municipio. Prefieren mirar a otro lado antes que tocar su granero de votos, aunque ello suponga perjudicar los intereses de otros empresarios del municipio vecino, y a todos los ciudadanos como igualmente a sus propios ayuntamientos. La falta de coordinación entre las diferentes administraciones públicas supone otra vergüenza que tienen que soportar los empresarios que hacen las cosas bien. Nos hemos dotado los españoles de hasta cuatro administraciones, como es el caso de Canarias , y la pregunta es ¿para qué?. Cada una de estas administraciones actúa como un reino taifa. Denuncias en la Comunidad Autónoma sobre la base de que estos operadores actúan de espalda a la normativa de consumo y te dicen que no es su competencia. Vas a los cabildos insulares, señalando que ocupan espacio público de su competencia y te dicen que es una cuestión fiscal o de comercio, te diriges a la administración del estado, y te informan amablemente que son competencias fiscales, que en el caso de Canarias, debe ser la Dirección General de Tributos la que debe perseguir a estos falsos operadores. Vas a la comunidad autónoma y te informan que es una materia que corresponde a los municipios… Cuando vas al municipio y algún alcalde entiende la reivindicación y denuncia que hacen los operadores legalizados curiosamente no puede denunciar porque el denunciable se ha instalado justo en el municipio vecino, y después de unos meses vuelve, el presunto, al municipio original o a otro municipio vecino. Es increíble que se pida por las sectoriales del sector legalizado que se coordinen esfuerzos y se persiga a los maleantes de manera coordinada entre las administraciones públicas y que esta persecución se haga desde el punto de vista fiscal, con inspecciones, desde el punto de vista de la inspección de consumo, por la ocupación de espacio de manera ilegal, desde la exigencia de disposición de las correspondientes licencias de actividad por los ayuntamientos… es imposible. Tenemos cientos de funcionarios y políticos absolutamente para nada. En realidad sí, sirven para desanimar al empresario honrado, para motivar que defrauden a la hacienda y sobre todo anima a actuar de manera ilegal a miles de ciudadanos. Todo esto es lamentable ¿verdad? Pues no es nada, finalmente se recomienda a los empresarios legalizados que denuncien por vía judicial y de manera directa e individual a los ilegales. Es decir, que encima, los empresarios legalizados tienen que hacer de policía, haciendo el trabajo sucio que esta “manada” de impresentables no se atreve a realizar siendo como es su trabajo. Lamentable de verdad.
Noticia procedente de Fredica.org
